En febrero de 1988, el ML formó un frente democrático con Acción Popular (AP) y el Partido Popular Cristiano (PPC) bajo el nombre de FREDEMO, el candidato del FREDEMO creía que en la década de 1990 el Perú estaba listo para una “gran transformación” conservadora”, similar a la que había tenido lugar en el mundo angloamericano en la década de 1980. Los lineamientos de esta transformación fueron detallados en diciembre de 1989 por Vargas Llosa, en términos inusualmente específicos para un candidato, en un discurso que leyó ante un foro para candidatos presidenciales auspiciado por la principal asociación de ejecutivos del Perú.
Un duro programa de estabilización de tipo fondo-monetario para reducir la tasa de inflación astronómica y prometió reinsertar el país en la economía internacional. Se liberalizaría el comercio, se reiniciaría el pago total de la deuda, se estimularía la inversión extranjera, las empresas estatales serían privatizadas, los controles de precios y los subsidios se eliminarían, se transformaría la estructura tributaria y se derogarían las leyes que garantizaban la estabilidad laboral a los trabajadores. Haciéndose eco de Thatcher pedía una desregulación total del Estado y la construcción de una economía de mercado libre.
La reacción general de la opinión pública al programa fue negativa. Asustó no solamente a mayorías pobres, sino también a segmentos de las clases empresariales y medias que veían con recelo que se pusiera fin a los sistemas estatista y mercantilista con que muchos de ellos se habían beneficiado en el pasado.
Fujimori primero intentó conseguir un puesto en la lista de senadores de la Izquierda Socialista (IS) de Barrantes para las elecciones de 1990. Al no tener éxito, organizó un partido político llamado Cambio 90, conformado por profesionales independientes y pequeños empresarios, muchos de los cuales eran protestantes evangélicos. Los evangelistas constituían apenas el cinco por ciento de la población peruana pero tenían el cuarenta por ciento del naciente partido, y llevaron a él sus técnicas misioneras de proselitismo casa por casa.
El fracaso de izquierda podía atribuirse no solamente a su división, sino al hecho de que su enfoque clasista había ignorado virtualmente los cambios sociales de los últimos quince años, que habían dado origen al nuevo e importante estrato de los informales. Para muchos activistas de la izquierda, este sector representaba una pequeña burguesía que oscilaba impredeciblemente en forma reaccionaria o progresista, dependiendo de las circunstancias.
En cuanto al voto parlamentario, los candidatos de FREDEMO lograron ganar un tercio de los curules en ambas cámaras del congreso, en tanto que el APRA obtuvo una cifra ligeramente menor de un tercio. De otro lado, la campaña de Cambio 90 de Fujimori ganó menos de una quinta parte de los curules del Congreso. En consecuencia, si Fujimori ganaba la segunda vuelta, como parecía probable, se enfrentaba a un problema de entrampamiento en el Congreso, circunstancia en modo alguno prometedora para la incipiente democracia peruana.
Fujimori rechazó una propuesta de Vargas Llosa para formar un gobierno de coalición mayoritario y así evitar la segunda vuelta. Vargas Llosa intentó suavizar su programa de estabilización pero el daño ya estaba hecho, en tanto que Fujimori seguía proyectando una imagen moderada y pragmática.
Al asumir la presidencia en julio de 1990, Fujimori declaró haber heredado un “desastre”. Hernando de Soto, ahora un cercano asesor, enfatizó esto: “Esta sociedad está colapsando…No se respeta al estado, el congreso, las leyes, el sistema judicial, ni siquiera los semáforos. Nada funciona aquí.
Unas cuantas semanas después de asumir el poder decretó un paquete de estabilización ortodoxo realmente draconiano, mucho más duro que cualquier otro que Vargas Llosa hubiese contemplado. Atacando la inflación desbocada, el gobierno cortó los subsidios de los precios y el gasto social, y aumentó las tasas de interés y los impuestos. Por ejemplo, el precio de la gasolina subió tres mil por ciento, en tanto que el de la mayoría de los alimentos creció quinientos por ciento. La tarifa del agua se octuplicó y la de la electricidad subió cinco veces, le siguió en febrero de 1991, una serie de medidas diseñadas para reestructurar la economía. Ellas incluían el inicio de la privatización, la desregulación de los mercados laboral y financiero, reformas tributarias y arancelarias, incentivos a la inversión y la descentralización de algunos servicios sociales. Fujimori comenzó a pagar mensualmente a las instituciones financieras internacionales. En general, entre 1990 y 1992, el ingreso real de los peruanos cayó en una tercera parte, el cincuenta y cuatro por ciento de toda la población peruana vivía en la pobreza.
Al comentar el impacto del “fujishock” un economista señaló que era “como efectuar cirugía al corazón, el estómago, el riñón y los pulmones todo al mismo tiempo, en un paciente que no ha comido en tres años”.
La única ganancia tangible fue la reducción de la hiperinflación, que descendió estrepitosamente de 7,650 por ciento a un estimado de cincuenta y cinco por ciento a finales de 1992. No obstante el severo tratamiento de shock del gobierno y su impacto material negativo en la mayoría de la población, la popularidad de Fujimori, medida con las encuestas de opinión pública, siguió siendo alta. Perú se convirtió en un “ejemplo paradigmático” de lo que O’Donnell llamó una “democracia delegativa”, esto significaba que el pueblo había elegido a Fujimori para que efectuara en su nombre cualquier medida que él consideraba de interés nacional, a pesar de las promesas que hubiese hecho en el calor de la campaña. Para Cameron, el anhelo que los peruanos tenían de una autoridad política y de una estabilidad económica era tan grande que el pueblo aceptaba cualquier medida que el nuevo presidente tomara para resolver la crisis.
Gracias a la aprobación pública continuamente alta, la tradicional luna de miel política postelectoral y a la coincidencia general del FREDEMO con un paquete de estabilización y objetivos económicos neoliberales, el Congreso delegó al nuevo presidente la autoridad para que impulsara su programa emitiendo decretos leyes. Al mismo tiempo, desde el inicio mismo de su régimen, Fujimori había establecido un pacto crucial con las sumamente importantes fuerzas armadas, que se convertirían en la principal base institucional del nuevo gobierno, el presidente escogió como su principal asesor en asuntos militares a Vladimiro Montesinos, un oscuro abogado y ex-capitán del ejército con un pasado siniestro, pero con un excelente conocimiento de quien era quién en las fuerzas armadas. Pasado el retiro supuestamente por haber entregado información a los Estados Unidos, Montesinos defendió a Fujimori de los cargos de evasión tributaria y se especializaba en la defensa de narcotraficantes. La primera medida tomada por Fujimori para consolidar su control sobre los militares llegó el día de su inauguración presidencial, cuando reemplazó a los comandantes en jefe de la marina y la aviación.
En adelante, los ascensos y pases al retiro se basarían, no en el mérito profesional, sino en la lealtad a Fujimori y Hermoza Ríos, Montesinos, también ganó el control del Servicio de Inteligencia Nacional, que según Obando (1996) usó no sólo para perseguir subversivos, sino también para ejercer vigilancia sobre los grupos de oposición.
Contando con el respaldo militar y un Congreso momentáneo dócil, Fujimori pudo promulgar una serie de decretos leyes que liberalizaban la economía, estimulaban la inversión extranjera, cortaban el gasto estatal y reducían los aranceles. Para combatir a Sendero Luminoso, autorizó la creación de patrullas de defensa civiles, o rondas, tanto en las ciudades como en el campo.
El ejército adoptó una política de asesinato selectivo de los sospechosos de ser senderistas, en lugar de las matanzas indiscriminadas que habían marcado el método de la “guerra sucia” durante buena parte de la década de 1980. Reemplazando sabiamente en sus operaciones de contrainsurgencia a los reclutas costeños racialmente sesgados por otros quechua-hablantes y con antecedentes campesinos, el ejército mejoró las relaciones con los aldeanos, fraternizando con ellos en las fiestas comunales, distribuyendo alimentos y herramientas, y apoyándolos en los proyectos de desarrollo.
El flujo de dólares de los traficantes colombianos llegaba al mercado de cambio informal en Lima, donde los compraba el Banco Central para ayudar a pagar la inmensa deuda externa peruana. Al comienzo Fujimori vaciló en firmar un acuerdo con los Estados Unidos para librar esta guerra. Sin embargo, luego de prolongadas negociaciones, ambos lados llegaron finalmente a un acuerdo en mayo de 1991. El paquete de ayuda subsiguiente sumó $60 millones, el grueso del mismo para asistencia militar, asignándose apenas el dos por ciento a proyectos de desarrollo alternativo. Sin embargo, la mayor parte del esfuerzo militar peruano se dirigió a la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso.
A finales de 1991, las tensiones entre el Congreso y el ejecutivo comenzaron a incrementarse. En noviembre, Fujimori emitió una avalancha de 120 decretos leyes justo antes de que expiraran los poderes que le había concedido el Parlamento. Buscando liberalizar la economía y reestructurar el Estado, muchos de ellos comprendían temas controvertidos y excedían la autorización dada por el Congreso. Por ejemplo, uno modificaba la ley de reforma agraria de 1969, retirando las restricciones a la venta de tierras y al funcionamiento de las empresas agrícolas. Otro, al que Fujimori llamó de “flexibilización laboral”, alteraba la legislación existente que reglamentaba los derechos de los trabajadores a organizarse, a entrar en huelga y a la estabilidad laboral. El presidente creó tribunales militares para juzgar a los sospechosos de terrorismo. Asimismo, decretó que los integrantes de las fuerzas armadas no podían ser juzgados en los tribunales civiles por violaciones contra los derechos humanos, concediendo así virtualmente la inmunidad a sus integrantes.
En medio de una situación de deterioro constante, Fujimori conmocionó nuevamente al país al efectuar un autogolpe el 5 de abril de 1992. Poniendo fin a doce años de gobierno democrático, el presidente suspendió la constitución, cerró al Congreso y ordenó el arresto de varios dirigentes opositores. Con el respaldo de los empresarios y de los jefes militares anunció la creación de un “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”.
Detrás de su medida también había motivaciones políticas. Además de cerrar el Congreso, los soldados intentaron arrestar infructuosamente a Alan García, por el temor del gobierno a que se convirtiera en el líder de la oposición.
A pesar de que seguía siendo popular en casa, Fujimori fue ampliamente criticado en el extranjero por haber abrogado la democracia. Muchos países, entre ellos los Estados Unidos, suspendieron la asistencia económica y retiraron su respaldo, poniendo así en peligro la reinserción peruana en la economía mundial de la cual dependía el plan de recuperación económica de Fujimori. En consecuencia aceptó convocar a una asamblea constituyente para que redactara la constitución y llamar a elecciones ese mismo año.
Sendero, por su lado, dio la bienvenida al autogolpe en la creencia de que la dictadura provocaría una represión estatal intensificada e indiscriminada, incrementando así la polarización del país, lo que, en última instancia, le beneficiaría. En julio desató una ofensiva. Entonces, justo cuando su jefe Abimael Guzmán preparaba aparentemente la “Operación Conquistar Lima”, fue repentinamente capturado el 12 de septiembre en una casa segura de un suburbio limeño por la policía nacional de inteligencia (DINCOTE). Aunque Fujimori se apresuró a reclamar el crédito por la captura de Guzmán, el operativo fue la culminación de una intensa labor de inteligencia efectuada desde 1990, que había puesto en la mira en apresar a la dirigencia de Sendero.
Aunque la captura de Guzmán en septiembre asestó un inmenso golpe a Sendero Luminoso, el nivel de los ataques terroristas no disminuyó de inmediato. Es más, el gobierno pronto se vio amenazado de otro lado. El 13 de noviembre, apenas unas semanas antes de que se efectuaran las elecciones a la Asamblea Constituyente, el General retirado Jaime Salinas Sedó encabezó un intento de golpe contra Fujimori. En los círculos militares también había también un considerable disgusto con Vladimiro Montesinos, el asesor de seguridad nacional de Fujimori, quien orquestó la mayor parte de las decisiones referidas al personal militar de mayor jerarquía. La captura de Guzmán dio a Fujimori un impulso significativo en el momento de las elecciones de noviembre para el Congreso Constituyente Democrático (CCD).
A pesar del creciente respaldo a Fujimori luego de la captura de Guzmán, el gobierno intentó también manipular el resultado de las elecciones de noviembre. Varios de los principales partidos de oposición, entre ellos el APRA, AP y Libertad de Vargas Llosa, se abstuvieron de participar, en tanto que Izquierda Unida y Acuerdo Socialista no lograron hacerlo porque en la elección anterior no recibieron el cinco por ciento de mínimo necesario para calificar.
Este hecho fue confirmado en el plebiscito efectuado en octubre de 1993 en torno a la nueva constitución propuesta. El CCD había terminado su tarea y producido una nueva carta constitucional que esta más que satisfactoria para Fujimori. Para empezar, ella permitía la reelección presidencial, abriéndole así el camino para postular en 1995. También, endureció las leyes antiterroristas al restablecer la pena de muerte e institucionalizar el juicio de los sospechosos de terrorismo en tribunales militares secretos. La nueva constitución que estaba a punto de presentarse en los votantes, había sido preparada a la medida del régimen fujimorista caracterizado cada vez más por su autocracia, arbitrariedad y desprecio por las instituciones cívicas. El plebiscito fue aprobado con cincuenta y dos por ciento de los sufragios contra cuarenta y cuatro por ciento. Este fue un resultado sorprendentemente ajustado. Al parecer, el costo social de una estabilización sin la red de seguridad prometida había golpeado al gobierno, tanto en las provincias como en los pueblos jóvenes de Lima. Por otro lado, los beneficios económicos de la liberación económica habían favorecido casi de inmediato a los grupos de más altos ingresos.
Fujimori necesitaba incrementar el nivel del gasto social para aliviar los terribles sufrimientos de los pobres urbanos y rurales, que conformaban el eje de su respaldo. Afortunadamente para él, la oportunidad para revivir el gasto social estatal se presentó con las ganancias inesperadas que se materializaron repentinamente gracias al programa de privatización de les empresas estatales. A finales de 1994 el gobierno había vendido-o estaba en vías de hacerlo-la mayoría de las compañías privadas nacionalizadas durante el gobierno militar, entre 1968 y 1980.
Además de los ingresos procedentes de la privatización y el mejor arreglo del pago de la deuda, el gobierno de Fujimori fortaleció las finanzas estatales a través de una reforma tributaria. Reorganizó las Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), reestructuró la Superintendencia de Aduanas (SUNAD) y comenzó a revisar el código tributario, se redujo el número de tributos y se elevaron los impuestos individuales y a las propiedades. Al disponer de ingresos adecuados bajo el control creciente del ejecutivo y una economía en expansión, Fujimori pudo emprender una eficaz campaña populista para su reelección en 1995. Fujimori ahora podía manejar directa y efectivamente los programas sociales del gobierno, apuntando a áreas y sectores específicos de la población para así alcanzar un máximo impacto político.
El FONAVI fue el responsable de un auténtico aluvión en la construcción de viviendas, colegios y postas médicas de bajo costo en los pueblos jóvenes y otros lugares. El PRONAA aceleró la distribución de raciones alimenticias que buscaban elevar el nivel de nutrición de los niños pobres.
Cuando finalmente se contaron los votos el 9 de abril de 1995, Fujimori había obtenido el sesenta y cuatro por ciento de los sufragios. Sin embargo, esta victoria aparentemente abrumadora era engañosa porque esta vez el gobierno calculó el porcentaje excluyendo, no incluyendo, el número de votos nulos o blancos. Este método incrementaba sustancialmente su porcentaje global, pues si la votación hubiese sido calculada del mismo modo que lo fue en 1990, Fujimori habría conseguido únicamente el cincuenta y dos por ciento de los sufragios. Cambio 90/Nueva Mayoría de Fujimori obtuvo una ligera mayoría de cincuenta y dos por ciento, lo que se tradujo en unas sorprendentes sesenta y siete curules de un total de ciento veinte. La campaña electoral misma estuvo ensombrecida por el breve conflicto fronterizo que estalló entre Perú y Ecuador el 26 de enero de 1995. Aunque fue firmada una declaración de paz tres semanas más tarde, el 17 de febrero, los combates causaron más de 300 bajas en ambos bandos, además de un costo conjunto de $500 millones.
A diferencia de otras ocasiones, esta vez los ecuatorianos no solamente estaban mejor equipados y preparados, sino que estaban dispuestos a combatir antes que a retirarse.
(“) Tomado de Peter F. Klarén “Nación y Sociedad en la Historia del Perú” 2004
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